En Querétaro creemos en la dignidad de las personas. También creemos en la responsabilidad, en el cumplimiento de la ley, y en la construcción de segundas oportunidades, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, al tomar protesta al Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, órgano que coordinará políticas de trabajo y capacitación para personas privadas de la libertad en el estado.
Desde el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos (QCC), donde se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité, el mandatario estatal señaló que este espacio de coordinación fortalecerá una de las herramientas más efectivas de la reinserción social: el trabajo.
La Constitución, explicó, establece con claridad que el Sistema Penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y de pilares fundamentales para la reinserción social como el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Y de todos, enfatizó, el trabajo tiene un papel central.
“El trabajo forma hábitos, genera disciplina y permite que una persona, al recuperar su libertad, tenga herramientas reales para reintegrarse a la sociedad. Por eso, la instalación de este Comité es tan importante. Porque aquí se suman instituciones públicas, el sector productivo y la sociedad, para impulsar programas de capacitación y oportunidades laborales dentro de los centros penitenciarios”, apuntó.
Mauricio Kuri expresó que se trata de que ese tiempo también sea de preparación para una vida distinta, y Querétaro ha demostrado que este modelo funciona. Ponderó que el sistema penitenciario estatal ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cada año de esta administración, como el que mayor respeto observa a los derechos de las personas privadas de su libertad, y mantiene certificaciones internacionales que acreditan la calidad de su operación.
“Estos resultados nos comprometen a seguir avanzando. Este Comité va a permitir fortalecer el trabajo penitenciario, ampliar la capacitación, y construir mejores rutas de reinserción social. Porque, cuando esto funciona, la comunidad vive más segura. Y este es el camino que en Querétaro seguiremos defendiendo”, subrayó.
La directora general de Políticas Públicas y órganos de Gobierno en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Rita Salgado Vázquez, destacó que en Querétaro existen diversos motivos de orgullo, entre ellos el trabajo que se realiza en los centros penitenciarios.
Distinguió la labor de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación, que además de formar parte del comité y proporcionar capacitación, expuso, serán las autoridades encargadas de diseñar a petición de los empresarios, el tipo de perfiles que se necesitan.
La secretaria del Trabajo y presidenta del Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario, Liliana San Martín Castillo, refirió que, en coordinación con la Federación, las personas que estén cumpliendo una sentencia, tendrán la oportunidad de desarrollar un tema de oficio con características específicas.
“A partir de la instalación de este sistema podrán contar con seguridad social, brindada por la parte patronal, y esa es la parte interesante de que estén las cámaras empresariales. Segundo, que tendrán acceso a tener una alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Y tercero, que podrán contar con una tarjeta bancaria, es decir, su salario va a ser depositado en esa tarjeta”, informó.
San Martín Castillo precisó que no será posible utilizar el dinero ahí; sin embargo, esto contribuye a que, una vez que concluyan su sentencia, el porcentaje de reincidencia sea mucho menor. En este tenor, invitó a los empleadores de manera particular a construir un modelo donde la implementación de un nuevo equipo se haga dentro de las instalaciones del sistema penitenciario.
El Comité estará integrado por dependencias del gobierno estatal, instituciones educativas y organismos empresariales, para fortalecer oportunidades laborales dentro del sistema penitenciario. Entre sus facultades destacan el diseñar, dar seguimiento, y mejorar la política pública de trabajo penitenciario, conforme a la Recomendación General 44/2021 de la CNDH, sobre el derecho al trabajo de personas privadas de su libertad.
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